Respaldo. Extrabajadores de la Cervecería esperaron afuera de la Corte a Robert Guevara para agradecerle por disponer el pago de 90,9 millones en utilidades no recibidas.
Faltó poco para que los cargaran en hombros. Hubo vivas, aplausos, elogios y apretones de mano. Las muestras de afecto iban para los tres jueces de la tercera sala de lo Penal de la Corte de Guayas, pero en especial para Robert Guevara.
Al pie de la Corte Nacional de Justicia dos enormes carteles mostraban su respaldo. Unos 50 extrabajadores de la Cervecería hicieron una calle de honor. Querían agradecerle por haber dispuesto que la Cervecería cancelara 90,9 millones de dólares por utilidades no percibidas entre 1990 y 2005, cuando los reclamantes pertenecían a empresas tercerizadas, sentencia por la cual Guevara fue denunciado junto a sus colegas Camilo Intriago y Héctor Cabezas.
Los tres asistieron ayer a la primera sala de lo Penal de la Corte para la formulación de cargos en su contra. La Fiscalía, representada por Paulina Garcés, en casi media hora, imputó a los jueces por presunto prevaricato. ¿La acusación? Excedieron atribuciones de la norma constitucional al disponer el pago de los 90,9 millones que, según Garcés, los reclamantes no pidieron.
Además, la acusación para los jueces es que admitieron una acción sin cumplir los requisitos legales y actuaron con desafecto, es decir, establecieron 48 horas para el cumplimiento de las obligaciones "so pena de imponer una multa equivalente al doble de la cantidad fijada".
Guevara no se quedó callado. Ante el juez Luis Moyano, presidente de la primera sala de lo Penal, y un salón repleto de exempleados, trabajadores, abogados y representantes de la Cervecería, el juez defendió su fallo. "Pensé que la Fiscalía no daría paso a una empresa transnacional –dijo– y daría prioridad a los extrabajadores". Como los argumentos esgrimidos en la sentencia de 68 páginas no fueron suficientes para la Fiscalía, Guevara expuso nuevamente sus razones.
Entre 1995 y 2005 hubo trabajadores que fueron rotados como pelotas, laboraban para Cervecería pero nunca recibieron utilidades. La sentencia buscó remediar eso. Para él, los 90,9 millones no fueron inventados, sino resultado de una investigación del Servicio de Rentas Internas (SRI) y su director Carlos Marx Carrasco. La sala lo que hizo, dijo Guevara, fue tomar esa cifra como referencia.
Y, para terminar de desarmar la teoría de la Fiscalía sobre el prevaricato, dijo que el nuevo constitucionalismo señala que el juez puede conceder más allá de los derechos que pidan los afectados, porque eso está garantizado en la Constitución.
Al término de la exposición Moyano anunció que daba paso a la instrucción abierta por la Fiscalía. El plazo de investigación será de 90 días. No hubo pedido de medidas cautelares "por vergüenza", fue el comentario del juez Guevara.
La diligencia duró casi una hora, seguida de cerca por ambos bandos. Para los trabajadores de la Cervecería que se declararon en resistencia desde hace más de tres meses, la apertura de la instrucción les dio la razón. Ellos se oponen al pago de los 90,9 millones de dólares porque consideran que pasó demasiado tiempo para el reclamo, y las empresas a las cuales sirvieron no eran parte de Cervecería. (MCV)
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