Luis E. Sarrazin Dávila
El caminante
Perversa e inicua
Ante la conveniencia de instalar una industria metal-mecánica en el Ecuador, respondí ¡no! porque no existe la seguridad jurídica que permita trabajar con paz y tranquilidad; basta revisar el conflicto de la Cervecería para comprobar las ilegalidades espectaculares que contiene, convirtiéndolo en un mamotreto que ha originado una sentencia perversa e inicua.
El Código del Trabajo es viejo y rígido. Las empresas carecen además de lineamientos jurídicos de carácter permanente para planificar sus actividades; por otra parte, al margen del abuso y arbitrariedad, pretende el accionante y el ministro, ordenarle el pago de utilidades, sin haber invitado a la Cervecería a participar en el debate jurídico para defenderse.
En un Guinness legal, este caso marcaría un récord absoluto, al haber recibido un trato ominoso y detestable, gracias a la amputación del sagrado principio de la no retroactividad ante la ley. Los demandantes protervamente aconsejados y guiados por un accionante que sin base alguna ha sido considerado como “Procurador Común” que nunca reclamó intereses y peor aun daño inmaterial, interpusieron una acción de protección, pisoteando la Constitución, al existir una prohibición legal, que hace que esta no proceda y poniendo en evidencia que la sentencia contiene un desborde total de lo que fue la litis.
La imprescriptibilidad como recurso en este caso, jamás ha existido ni existirá, toda vez que lo único que no prescribe es el genocidio, los delitos de lesa humanidad, el ataque a los Estados y situaciones de guerra y en esta acción jurídica de marras, se reconocen además, supuestos derechos carentes de reclamación por más de dos décadas, atentándose contra la seguridad jurídica, al modificarse reiterada e infundadamente las propias resoluciones y consolidando el gravísimo precedente de que la prescripción puede ser burlada bajo una simple acción de protección.
Este episodio, consagra y sacramenta como modalidad el asalto exprés empresarial, que deja indefensos a comerciantes y empresarios que trabajan por el bienestar del país.
¿Existirá alguien con ejecutorias, versación legal, capacidad y poder suficiente para poner un alto a este acto de piratería jurídica con el que se pretende aplastar la crema y nata de la institucionalidad y de la seguridad jurídica del Ecuador? ¡A cerrar la Cervecería como medida final pero sobre todas las cosas, jamás pagar!
Y sigo andando…
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