Publicado el 18/Mayo/2011 | 01:02
Pago de la empresa cervecera a exempleados que reclaman utilidades ya sumarían más de $300 millones, por intereses y multas
Los industriales pidieron ser escuchados en el juicio laboral que enfrenta la Cervecería Nacional (CN) por una demanda interpuesta por extrabajadores de la empresa, por la que fue sancionada a pagar más de $90 millones.
El caso se encuentra ahora en la Corte Constitucional donde la empresa presentó un recurso de protección. Y fue precisamente en esa instancia, donde los industriales presentaron el denominado amicus curiae, una figura que les permitiría exponer sus puntos de vista sobre el caso.
Así lo anunció ayer el presidente de Cámara de Industriales de Guayaquil (CIG), Henry Kronfle, a nombre de 300 empresas socias.
El pedido se suma a la serie de respaldos que ha recibido la Cervecería en el caso por parte del sector productivo del país, así como de los equipos de fútbol de primera división que son auspiciados por la empresa.
Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de los industriales de Guayaquil, dijo que hicieron el pedido a la Corte porque la demanda contra la Cervecería podría sentar un precedente que podría afectar a otras empresas y, por ende, se pondría en riesgo miles de empleos.
"Un juicio laboral, como el que enfrenta la CN, resultaría insostenible económicamente para cualquier empresa", dijo.
En el país, además del caso de la CN existirían otras 12 empresas que estarían a las puertas de enfrentar reclamos similares, entre esas Coca-Cola, Holcim, Porta (Claro) y otras.
El asesor jurídico del gremio, Marcelo Bodero, recordó que en ese juicio ya no están en juego solo los $90 millones iniciales que solicitaron los extrabajadores hace tres años, y que un juez ordenó pagar a la empresa, por las supuestas utilidades impagas.
Esa cifra ascendería a $300 millones, si se toma en cuenta las multas y daños inmateriales tanto de los 1 000 exempleados como el de sus familiares, según Bodero, porque adicional a la demanda se deberían sumar los intereses por casi 21 años, es decir, tomando como base los $90 millones que el juez ordenó pagar a la empresa.
Aparte de eso, solo por multas, en el caso de la Cervecería, la empresa pagaría $180 milllones. Ello debido a que el juez duodécimo de lo Civil de Guayaquil, Pedro Iriarte, en una providencia emitida el 3 de mayo último, dijo que la CN debía pagar, por incumplir el pago, el doble de la demanda planteada por los extrabajadores. Y finalmente estarían los daños inmateriales, los cuales serían incuantificables y estarían relacionados con afectaciones que los reclamantes pudieron haber tenido por el no pago de utilidades.
"Es decir, que si un trabajador pensó en recibir utilidades y adquirir un taxi en el año 1993, el daño inmaterial pudiera ser lo que el taxista dejó de ganar", dijo el abogado de los industriales.
La cancelación de este rubro, según la defensa de la CN, no fue demandada por los exempleados pero fue incluida en el juicio.
"Es decir, que son $90 millones más $180 millones igual a $ 270 millones de dólares, más los intereses no cuantificados, más daños inmateriales", dijo Bodero.
Los industriales aseguraron ayer que a su reclamo se han adherido otros gremios de Pichincha, Azuay, Chimborazo y la Cámara de Comercio de Guayaquil con sus casi 14 mil socios.
"Y ahora lo harán todas las Cámaras", dijo Alberto Salvador, del gremio de industriales. (NMCH)
Tres años amargos para la Cervecería
Si bien todo el proceso legal comenzó a ser público cuando la Cervecería Nacional, subsidiaria de SABMiller, dejó de producir alrededor de dos días sus marcas Pílsener y Club, en diciembre del 2010, todo arrancó en octubre de 2008.
Fue en esa año cuando cerca de un centenar, que luego resultaron 300 a nombre de 1 000 extrabajadores de la Cervecería Nacional, interpusieron la demanda contra la firma.
El reclamo estaba relacionado con el pago de utilidades entre los años 1990-2005, es decir tres años después de haber sido despedidos.
En agosto del 2009, los ex empleados consiguieron la evaluación del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la presunta deuda y se determinó un monto total de $90,9 millones.
Y en julio del 2010, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, se excusó y señaló no tener competencia para resolver el caso.
Pero, cinco meses más tarde, el juzgado Noveno Temporal de la Niñez y Adolescencia del Guayas, emitió la orden del cierre de operaciones y comercialización de las marcas Pílsener y Club Verde.
La producción se paralizó por cinco días, justo cuando la empresa de la bebida de moderación se preparaba para festividades de fin de año.
La paralización de operaciones significó para la compañía la pérdida diaria de $3 millones.
El caso tomó otro giro cuando en este año, el 4 de febrero, el asambleísta Galo Lara denunció un supuesto soborno de la Cervecería por $ 1,5 millones en la Corte Constitucional para dejar sin efecto el caso.
El 7 de febrero, la denuncia obligó a la Corte a trasladar el proceso hacia la Corte del Guayas.
El 9 de marzo, la tercera Sala Penal del Guayas falló a favor de los extrabajadores y pasó el caso a cargo del Juzgado XII de lo Civil del Guayas para su ejecución.
Ya para el 12 de abril, los exempleados presentaron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, mientras el 21 venció el plazo para el pago.
En marzo, se determinó que la compañía debía pagar $90,9 millones, más intereses.
Pero, el proceso se ha dilatado. Hoy, Alfonso Luz será el juez encargado de la resolución del recurso extraordinario de protección que interpuso Cervecería en la Corte Constitucional (CC), con la intención de dejar sin efecto la sentencia que dictaminó el pago.
Los industriales pidieron ser escuchados en el juicio laboral que enfrenta la Cervecería Nacional (CN) por una demanda interpuesta por extrabajadores de la empresa, por la que fue sancionada a pagar más de $90 millones.El caso se encuentra ahora en la Corte Constitucional donde la empresa presentó un recurso de protección. Y fue precisamente en esa instancia, donde los industriales presentaron el denominado amicus curiae, una figura que les permitiría exponer sus puntos de vista sobre el caso.
Así lo anunció ayer el presidente de Cámara de Industriales de Guayaquil (CIG), Henry Kronfle, a nombre de 300 empresas socias.
El pedido se suma a la serie de respaldos que ha recibido la Cervecería en el caso por parte del sector productivo del país, así como de los equipos de fútbol de primera división que son auspiciados por la empresa.
Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de los industriales de Guayaquil, dijo que hicieron el pedido a la Corte porque la demanda contra la Cervecería podría sentar un precedente que podría afectar a otras empresas y, por ende, se pondría en riesgo miles de empleos.
"Un juicio laboral, como el que enfrenta la CN, resultaría insostenible económicamente para cualquier empresa", dijo.
En el país, además del caso de la CN existirían otras 12 empresas que estarían a las puertas de enfrentar reclamos similares, entre esas Coca-Cola, Holcim, Porta (Claro) y otras.
El asesor jurídico del gremio, Marcelo Bodero, recordó que en ese juicio ya no están en juego solo los $90 millones iniciales que solicitaron los extrabajadores hace tres años, y que un juez ordenó pagar a la empresa, por las supuestas utilidades impagas.
Esa cifra ascendería a $300 millones, si se toma en cuenta las multas y daños inmateriales tanto de los 1 000 exempleados como el de sus familiares, según Bodero, porque adicional a la demanda se deberían sumar los intereses por casi 21 años, es decir, tomando como base los $90 millones que el juez ordenó pagar a la empresa.
Aparte de eso, solo por multas, en el caso de la Cervecería, la empresa pagaría $180 milllones. Ello debido a que el juez duodécimo de lo Civil de Guayaquil, Pedro Iriarte, en una providencia emitida el 3 de mayo último, dijo que la CN debía pagar, por incumplir el pago, el doble de la demanda planteada por los extrabajadores. Y finalmente estarían los daños inmateriales, los cuales serían incuantificables y estarían relacionados con afectaciones que los reclamantes pudieron haber tenido por el no pago de utilidades.
"Es decir, que si un trabajador pensó en recibir utilidades y adquirir un taxi en el año 1993, el daño inmaterial pudiera ser lo que el taxista dejó de ganar", dijo el abogado de los industriales.
La cancelación de este rubro, según la defensa de la CN, no fue demandada por los exempleados pero fue incluida en el juicio.
"Es decir, que son $90 millones más $180 millones igual a $ 270 millones de dólares, más los intereses no cuantificados, más daños inmateriales", dijo Bodero.
Los industriales aseguraron ayer que a su reclamo se han adherido otros gremios de Pichincha, Azuay, Chimborazo y la Cámara de Comercio de Guayaquil con sus casi 14 mil socios.
"Y ahora lo harán todas las Cámaras", dijo Alberto Salvador, del gremio de industriales. (NMCH)
Tres años amargos para la Cervecería
Si bien todo el proceso legal comenzó a ser público cuando la Cervecería Nacional, subsidiaria de SABMiller, dejó de producir alrededor de dos días sus marcas Pílsener y Club, en diciembre del 2010, todo arrancó en octubre de 2008.
Fue en esa año cuando cerca de un centenar, que luego resultaron 300 a nombre de 1 000 extrabajadores de la Cervecería Nacional, interpusieron la demanda contra la firma.
El reclamo estaba relacionado con el pago de utilidades entre los años 1990-2005, es decir tres años después de haber sido despedidos.
En agosto del 2009, los ex empleados consiguieron la evaluación del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la presunta deuda y se determinó un monto total de $90,9 millones.
Y en julio del 2010, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, se excusó y señaló no tener competencia para resolver el caso.
Pero, cinco meses más tarde, el juzgado Noveno Temporal de la Niñez y Adolescencia del Guayas, emitió la orden del cierre de operaciones y comercialización de las marcas Pílsener y Club Verde.
La producción se paralizó por cinco días, justo cuando la empresa de la bebida de moderación se preparaba para festividades de fin de año.
La paralización de operaciones significó para la compañía la pérdida diaria de $3 millones.
El caso tomó otro giro cuando en este año, el 4 de febrero, el asambleísta Galo Lara denunció un supuesto soborno de la Cervecería por $ 1,5 millones en la Corte Constitucional para dejar sin efecto el caso.
El 7 de febrero, la denuncia obligó a la Corte a trasladar el proceso hacia la Corte del Guayas.
El 9 de marzo, la tercera Sala Penal del Guayas falló a favor de los extrabajadores y pasó el caso a cargo del Juzgado XII de lo Civil del Guayas para su ejecución.
Ya para el 12 de abril, los exempleados presentaron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, mientras el 21 venció el plazo para el pago.
En marzo, se determinó que la compañía debía pagar $90,9 millones, más intereses.
Pero, el proceso se ha dilatado. Hoy, Alfonso Luz será el juez encargado de la resolución del recurso extraordinario de protección que interpuso Cervecería en la Corte Constitucional (CC), con la intención de dejar sin efecto la sentencia que dictaminó el pago.
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