Entrevista al Dr. Marcelo Bodero, asesor jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil (tomado de burodeanalisis.com)

“No estamos trabajando por una mejor legislación laboral, sino defendiéndonos de los que quieren cambiarla para mal”

Marcelo Bodero, asesor jurídico de CIG.

El asesor jurídico de la Cámara de Industrias, Marcelo Bodero, en entrevista con www.burodeanalisis.com, asegura que hasta ahora la única reforma que conocen respecto al Código de Trabajo es la que pretende declarar imprescriptibles los derechos laborales.

El abogado piensa que lo normado hasta el momento ha provocado un retroceso en las políticas laborales, más que un avance; pero cree necesario que se inicie un diálogo entre empleados y empleadores para poder realizar una legislación con consenso que beneficie a todo el país.

¿Cuáles han sido los cambios sustanciales en la legislación laboral en los últimos años?

En términos generales, es más un retroceso que un avance. Desde el marco constitucional aprobado, que es más garantista del que ya existía en la Constitución de 1998. Por otro lado existe una serie de preceptos que incluso yo diría son un poco ambiguos o contradictorios en sí mismos. Por ejemplo, la iniciativa privada en el marco constitucional queda relegada como un factor primordial para el desarrollo del país.

En algunos aspectos sobre todo, por ejemplo, en los sectores estratégicos la Constitución relega la posibilidad de que los sectores privados puedan, salvo excepción, invertir por lo tanto desarrollar actividades productivas en aquellos sectores. Entonces sin duda es un retroceso.

En lo laboral ¿Cuál ha sido la mayor afectación en el sector empresarial?

Bueno, sin duda empezamos con los mandatos aquellos que nos negaron la intermediación laboral, la tercerización de los servicios complementarios, también el trabajo por horas. Es curioso por cierto que el Ejecutivo se haya dado cuenta de que aquello fue un error al punto que en el Código de la Producción, se establece un nuevo mecanismo que hace permisible cierto tipo de contratación que de alguna forma trata de asemejar de aquellas que fueron abolidas.

¿Cuál ha sido entonces la repercusión?

Por supuesto las empresas tratan de evitar el riesgo laboral y sobre todo el termino riesgo porque el día de hoy, en que se dan una serie de acciones inconstitucionales, se pretenden reclamar por parte de extrabajadores derechos que no le asisten, porque muchos de ellos están prescritos.

Ante estas pretensiones multimillonarias de parte de extrabajadores, los empresarios pues retroceden, ellos tienen temor que esas mismas acciones en algún momento les lleguen a afectar. El caso Cervecería es paradigmático.

¿Entonces lo que hay es un vacío legal?

No hay ningún vacío legal, las normas son clarísimas, las reglas son claras. El problema está en que existen jueces, existen algunos accionantes, demandantes, que lo único que les interesa es ganar dinero, sin que les importe obviamente la juridicidad de sus actos.

Se debe analizar más a fondo los hechos. Las acciones en materia laboral tienen tres años para hacerse ejercitar, pasados los cuales esta clase de derechos (laborales), no pueden ser accionados, no pueden ser reclamados. Estamos hablando de casos como Ecapag, como Autoridad Portuaria, el ingenio Aztra; le estoy mencionando una entidad pública y una empresa pública.

Las acciones por las que se quieren reclamar (los extrabajadores), estos supuestos derechos son las mismas, todas prescritas. Incluso una de ellas ya pasada por autoridades y juzgados que es un tema diferente al tema de la prescripción, otras sencillamente absolutamente absurdas.

¿Esto se da por la utilización de las acciones de protección?

No. El problema no es de la Constitución. El problema acá es el abuso por parte de los accionantes, pero más grave aún, es la posición de los jueces que obviamente, no todos los jueces, algunos abusan de ese derecho que deben de aplicar y sencillamente tratan de esta forma de favorecer a una parte. ¿Con qué intereses? no se lo puede decir. Es algo bastante oscuro por decirlo menos.

¿Ustedes se han reunido para presentar propuestas de reformas al Código Laboral?

Hemos hecho llegar cartas a la Asamblea Nacional, al Señor Presidente, así como a la Ministra Nathalie Cely, que es la ministra Coordinadora de la Producción, para que seamos escuchados respecto a estos proyectos de reforma normativa. Porque son asuntos que conciernen a la empresa y a la industria por presupuesto.

¿Han escuchado sus planteamientos?

Desafortunadamente, lo último que está debatiendo en la Asamblea es una reforma planteada por un asambleísta, si mal no recuerdo de Sociedad Patriótica. Ese proyecto de reforma se refiere justamente a los que estamos hablando en dar la prescripción de las acciones.

Aquí no estamos trabajando para crear un Código nuevo, moderno, acorde con las disposiciones, con la técnica universal. Se puede decir casi en derecho legal, que aquí estamos trabajando contra corriente, aquí a alguien se le ocurre estas “novedades” que son una locura, que existen en los países dictatoriales, donde nada prescribe, donde no existe cosa juzgada, situaciones de excepción. Pero en los países del orden las acciones prescriben, de todo tipo, salvo unas muy reducidas en casos como delitos de genocidio.

Es un retroceso, nosotros ahorita no estamos trabajando para construir una mejor legislación laboral, estamos defendiéndonos de los ataques de ciertas personas que quieren cambiar la legislación laboral para mal, para generar un mayor perjuicio a los trabajadores y a las empresas. ¿Qué empleador va a incrementar su nómina de trabajo si las acciones que ese trabajador le pueden incubar, nunca van a terminar? Es una absoluta locura.

¿Es cómo que se ha dividido la opinión pública entre dos bandos, los empleados y los empleadores? ¿No sería mejor llegar a consensos?

No hay dos bandos. El hecho que exista un grupo de abusivos y quieren esquilmar empresas no significa que todos los trabajadores del Ecuador sean abusivos. El hecho a su vez, de que haya existido empresarios hayan abusados de determinada forma de contratación o que no haya cumplido con su derecho, no significa que todos los empleadores sean de esa naturaleza.

Lo que sí, y asiento con usted es debiera ese gran grupo de trabajadores y empleadores, que son gente que quiere el bien para el país, unirse y plantear ellos reformas positivas a la legislación laboral y de otra índole también.

La Asamblea en días pasados, emitió un exhorto a la Corte Constitucional sobre el caso Aztra…

El tema es más grave, no es un exhorto a que intervenga, la Asamblea Nacional, el pleno, decidió que la Comisión de lo Laboral se presentara como tercer interesado en un amicus curiae. Imagínese todo el peso que implica que uno de las funciones del Estado, se presente para inclinar en sí la balanza, para intimar la causa a favor de los extrabajadores de un ingenio, en este caso concreto el ingenio Aztra, actual Ecudos, empresa que por cierto del Estado.

¿Fue presentado ese Amicus Curiae?

No conozco si fue presentado, pero lo cierto es que es una resolución de la Asamblea, exhortando prácticamente a la Corte a que falle a favor de los trabajadores de Aztra, en perjuicio del propio Estado.

¿Cuál es el futuro de la Legislación Laboral en el país?

Las cortes y sobre todo la Corte Constitucional, tiene ahora un deber realmente histórico ¿por qué histórico? Dirá que soy exagerado, porque en caso de Cervecería estamos hablando de una empresa, el problema está en que los fallos de esta naturaleza puede asentar el antes y el después o permiten que todas estas vías de facción de que estamos hablando continúen o las acaba.

Si permiten que estas vías continúen, Ecapag, APG, Petroamazonas, todas las empresas del país, todas, van a tener un pasivo laboral incalculable y por lo tanto se convierte en empresas fallidas inviables.