lunes, 30 de mayo de 2011
miércoles, 25 de mayo de 2011
Respuesta a la consulta de @MilenaAbad acerca de las tercerizadoras
hoy recibí esta consulta sumamente interesante en twitter:
“@MilenaAbad: @dr_reglasclaras tengo una duda, si las tercerizadoras estaban permitidas por la ley, esta también les permitía no repartir utilidades. Mi duda nace en el sentido que la ley les permitió no pagar utilidades, pero actuaron de acuerdo a la misma o estoy mal. Este tema es complicado de entender para los que no tenemos mayores conocimientos en leyes."
Estimada Milena,
trataré de ser coloquial en esta explicación, tal vez mis colegas consideren que es muy básica pero es importante que lo entendamos todos.
1) En su momento las tercerizadoras eran una figura de flexibilidad laboral lícita.
2) Quienes trabajaban para la tercerizadora "X", eran empleados de "X" y recibían el 15% de utilidades que había ganado la empresa "X" y esta compañía era regulada por la Superintendencia de Compañías y el S.R.I.
3) Años después un nuevo marco jurídico elimina la figura de la tercerización.
PRIMER TEMA A RESALTAR:
La prescriptibilidad.- de acuerdo a la Constitución las únicas acciones imprescriptibles son las señaladas en los artículos 80, 233, 290.6 y 396 (ESTAS SON REGLAS CLARAS), sabes a qué se refieren? Son acciones por delitos de lesa humanidad, peculado, cohecho y daños ambientales entre otros. NADA LABORAL.
4) Los temas laborales los tratan los jueces del trabajo, un reclamo laboral de acuerdo al artículo 568 (ESTAS TAMBIEN SON REGLAS CLARAS) del código de trabajo debe ser atendido por jueces del trabajo.
SEGUNDO TEMA A RESALTAR:
No quiero parecer necio pero los CASOS LABORALES los tratan los JUECES LABORALES.
Un reclamo a destiempo (por que ya dije que PRESCRIBÍA el reclamo laboral)no puede utilizar acciones de protección o garantías constitucionales como medios para declarar derechos que provengan de esas relaciones de trabajo.
Espero haber aclarado tu duda. En su momento las tercerizadoras estaban amparadas en la ley. Los problemas laborales de conocimiento público no están siendo trabajados por jueces laborales. Exijamos Reglas Claras.
Atentamente,
@dr_reglasclaras
“@MilenaAbad: @dr_reglasclaras tengo una duda, si las tercerizadoras estaban permitidas por la ley, esta también les permitía no repartir utilidades. Mi duda nace en el sentido que la ley les permitió no pagar utilidades, pero actuaron de acuerdo a la misma o estoy mal. Este tema es complicado de entender para los que no tenemos mayores conocimientos en leyes."
Estimada Milena,
trataré de ser coloquial en esta explicación, tal vez mis colegas consideren que es muy básica pero es importante que lo entendamos todos.
1) En su momento las tercerizadoras eran una figura de flexibilidad laboral lícita.
2) Quienes trabajaban para la tercerizadora "X", eran empleados de "X" y recibían el 15% de utilidades que había ganado la empresa "X" y esta compañía era regulada por la Superintendencia de Compañías y el S.R.I.
3) Años después un nuevo marco jurídico elimina la figura de la tercerización.
PRIMER TEMA A RESALTAR:
La prescriptibilidad.- de acuerdo a la Constitución las únicas acciones imprescriptibles son las señaladas en los artículos 80, 233, 290.6 y 396 (ESTAS SON REGLAS CLARAS), sabes a qué se refieren? Son acciones por delitos de lesa humanidad, peculado, cohecho y daños ambientales entre otros. NADA LABORAL.
4) Los temas laborales los tratan los jueces del trabajo, un reclamo laboral de acuerdo al artículo 568 (ESTAS TAMBIEN SON REGLAS CLARAS) del código de trabajo debe ser atendido por jueces del trabajo.
SEGUNDO TEMA A RESALTAR:
No quiero parecer necio pero los CASOS LABORALES los tratan los JUECES LABORALES.
Un reclamo a destiempo (por que ya dije que PRESCRIBÍA el reclamo laboral)no puede utilizar acciones de protección o garantías constitucionales como medios para declarar derechos que provengan de esas relaciones de trabajo.
Espero haber aclarado tu duda. En su momento las tercerizadoras estaban amparadas en la ley. Los problemas laborales de conocimiento público no están siendo trabajados por jueces laborales. Exijamos Reglas Claras.
Atentamente,
@dr_reglasclaras
martes, 24 de mayo de 2011
Extracto del editorial de la Revista en referencia escrita por Juan Carlos Diaz Granados
"La Contitucion vigente, enviada desde Carondelet y aprobada por la Asamblea Contituyente de Montecristi, fomenta la inseguridad juridica del Ecuador cuando su Articulo 437 anula la cosa juzgada; el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y la prescripcion.
Los resultados ya los hemos visto reflejados en demandas laborales de presuntos ex trabajadores contra empresas publicas y privadas en perjuicio de todos. Veremos mas de estas demandas, pero extendidas a otros ambitos"
lunes, 23 de mayo de 2011
ENLACE CIUDADANO - sábado 21 de mayo, 2011 (tomado de EcuadorTV)
INFORME PRESIDENCIAL
Resumen: ENLACE CIUDADANO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RAFAEL CORREA |
En el Enlace Ciudadano No. 221 del Presidente de la República Rafael Correa, esta vez desde el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, envió un saludo a los que están atentos a dicho Enlace. Así mismo, inició agradeciendo a los que votaron por el SI en la Consulta Popular del pasado 7 de Mayo, reiteró el agradecimiento a los habitantes de Babahoyo, donde emitía su Enlace. De igual manera agradeció el voto de los migrantes en el exterior y se solidarizó con los ecuatorianos damnificados de Lorca, España por el movimiento telúrico que hace varios días sufrió, aquí reiteró que ya está la Secretaría del Migrante tomando cartas en el asunto con respecto a los migrantes ecuatorianos damnificados. De igual manera, volvió a criticar a los medios de comunicación a quien calificó como sus grandes contendores en la Consulta Popular pasada. Así mismo, develó en vivo en directo los resultados hasta el momento de los escrutinios del CNE, donde gana el SI en las 10 preguntas. Además indicó que el CNE tiene que explicar el por qué realizó el conteo de votos donde en un inició creó suspicacias entre los medios de comunicación por la no mucha distancia de los porcentajes entre el SI y el NO. Por otro lado dio a conocer los resultados de la Consulta de varias provincias, entre ellos Guayas y en especial la ciudad de Guayaquil, donde reiteró que ganó el SI en todas las preguntas, ecepto en la que él Alcalde de Guayaquil voto SI, en la pregunta que se refiere a los Casinos. Además develó que ganó el SI en el cantón Samborondón, menos en la parroquia La Puntilla y Correa volvió a reiterar que no hay por donde perderse y que hay una gran diferencia entre el voto SI y el voto NO en los resultados. Por otro lado, el Presidente de la República Rafael Correa, dio a conocer que en su anterior enlace radial lo efectuó desde el Puerto de Manta, provincia de Manabí, donde agradeció a la ciudadanía manabita por el voto por el SI en la Consulta Popular pasada, donde ganó en las 10 preguntas, dijo Correa. Del mismo modo, el Jefe de Estado Rafael Correa, dio a conocer que mantuvo un almuerzo con las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y las Selecciones de Sub-17 y Sub-20, las cuales clasificaron a los mundiales de sus respectivas categorías. De igual forma, el Primer Mandatario Rafael Corea, develó que sostuvo un se reunió con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para analizar la construcción de una base aérea en el nuevo Aeropuerto de Tababela en Quito. Así mismo, el Presidente de la República, Rafael Correa, dio a conocer que estuvieron celebrado el cumpleaños del Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño, aquí aprovechó para indica que el ministro viene realizando una extraordinaria labor como la aclaración de los limites marítimos con Perú, sin entrar en conflictos en la Corte de la Haya ni con Perú ni Chile. Por otro lado, el Jefe de Estado Rafael Correa, dio a conocer que en su acostumbrada visita a la ciudad de Guayaquil realizó varias actividades, entre las cuales estuvo presente en la inauguración de la Jornada de Participación Ciudadana e Integración Regional, el cual era un evento que organizaba la Comunidad Andina de Naciones. Además, develó que estuvo inspeccionado las instalaciones del ex Puntilla Mall, el mismo que servirá como centro integral de seguridad y de sede de Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Así mismo, develó cómo avanzan los proyectos de Guayaquil Ecológico el mismo que busca brindar a la ciudad de Guayaquil de espacios verdes y de recreación. Por otro lado, develó que mantuvo un almuerzo con los simpatizantes de Alianza País. Además, dio a conocer que se han construido escuelas armables en zonas que no están legalizadas de la urbe porteña. De igual forma, develó que mantuvo una audiencia con Miguel D'Escoto quien busca cambiar la sede de la ONU, además sostuvo un conversatorio con los medios de comunicación y luego develó que analizaron el plan de inversión territorial para el cantón Playas donde se busca potencializar el turismo. |
miércoles, 18 de mayo de 2011
Industriales respaldan a CN (tomado de hoy.com.ec)
Publicado el 18/Mayo/2011 | 01:02
Pago de la empresa cervecera a exempleados que reclaman utilidades ya sumarían más de $300 millones, por intereses y multas
Los industriales pidieron ser escuchados en el juicio laboral que enfrenta la Cervecería Nacional (CN) por una demanda interpuesta por extrabajadores de la empresa, por la que fue sancionada a pagar más de $90 millones.
El caso se encuentra ahora en la Corte Constitucional donde la empresa presentó un recurso de protección. Y fue precisamente en esa instancia, donde los industriales presentaron el denominado amicus curiae, una figura que les permitiría exponer sus puntos de vista sobre el caso.
Así lo anunció ayer el presidente de Cámara de Industriales de Guayaquil (CIG), Henry Kronfle, a nombre de 300 empresas socias.
El pedido se suma a la serie de respaldos que ha recibido la Cervecería en el caso por parte del sector productivo del país, así como de los equipos de fútbol de primera división que son auspiciados por la empresa.
Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de los industriales de Guayaquil, dijo que hicieron el pedido a la Corte porque la demanda contra la Cervecería podría sentar un precedente que podría afectar a otras empresas y, por ende, se pondría en riesgo miles de empleos.
"Un juicio laboral, como el que enfrenta la CN, resultaría insostenible económicamente para cualquier empresa", dijo.
En el país, además del caso de la CN existirían otras 12 empresas que estarían a las puertas de enfrentar reclamos similares, entre esas Coca-Cola, Holcim, Porta (Claro) y otras.
El asesor jurídico del gremio, Marcelo Bodero, recordó que en ese juicio ya no están en juego solo los $90 millones iniciales que solicitaron los extrabajadores hace tres años, y que un juez ordenó pagar a la empresa, por las supuestas utilidades impagas.
Esa cifra ascendería a $300 millones, si se toma en cuenta las multas y daños inmateriales tanto de los 1 000 exempleados como el de sus familiares, según Bodero, porque adicional a la demanda se deberían sumar los intereses por casi 21 años, es decir, tomando como base los $90 millones que el juez ordenó pagar a la empresa.
Aparte de eso, solo por multas, en el caso de la Cervecería, la empresa pagaría $180 milllones. Ello debido a que el juez duodécimo de lo Civil de Guayaquil, Pedro Iriarte, en una providencia emitida el 3 de mayo último, dijo que la CN debía pagar, por incumplir el pago, el doble de la demanda planteada por los extrabajadores. Y finalmente estarían los daños inmateriales, los cuales serían incuantificables y estarían relacionados con afectaciones que los reclamantes pudieron haber tenido por el no pago de utilidades.
"Es decir, que si un trabajador pensó en recibir utilidades y adquirir un taxi en el año 1993, el daño inmaterial pudiera ser lo que el taxista dejó de ganar", dijo el abogado de los industriales.
La cancelación de este rubro, según la defensa de la CN, no fue demandada por los exempleados pero fue incluida en el juicio.
"Es decir, que son $90 millones más $180 millones igual a $ 270 millones de dólares, más los intereses no cuantificados, más daños inmateriales", dijo Bodero.
Los industriales aseguraron ayer que a su reclamo se han adherido otros gremios de Pichincha, Azuay, Chimborazo y la Cámara de Comercio de Guayaquil con sus casi 14 mil socios.
"Y ahora lo harán todas las Cámaras", dijo Alberto Salvador, del gremio de industriales. (NMCH)
Tres años amargos para la Cervecería
Si bien todo el proceso legal comenzó a ser público cuando la Cervecería Nacional, subsidiaria de SABMiller, dejó de producir alrededor de dos días sus marcas Pílsener y Club, en diciembre del 2010, todo arrancó en octubre de 2008.
Fue en esa año cuando cerca de un centenar, que luego resultaron 300 a nombre de 1 000 extrabajadores de la Cervecería Nacional, interpusieron la demanda contra la firma.
El reclamo estaba relacionado con el pago de utilidades entre los años 1990-2005, es decir tres años después de haber sido despedidos.
En agosto del 2009, los ex empleados consiguieron la evaluación del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la presunta deuda y se determinó un monto total de $90,9 millones.
Y en julio del 2010, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, se excusó y señaló no tener competencia para resolver el caso.
Pero, cinco meses más tarde, el juzgado Noveno Temporal de la Niñez y Adolescencia del Guayas, emitió la orden del cierre de operaciones y comercialización de las marcas Pílsener y Club Verde.
La producción se paralizó por cinco días, justo cuando la empresa de la bebida de moderación se preparaba para festividades de fin de año.
La paralización de operaciones significó para la compañía la pérdida diaria de $3 millones.
El caso tomó otro giro cuando en este año, el 4 de febrero, el asambleísta Galo Lara denunció un supuesto soborno de la Cervecería por $ 1,5 millones en la Corte Constitucional para dejar sin efecto el caso.
El 7 de febrero, la denuncia obligó a la Corte a trasladar el proceso hacia la Corte del Guayas.
El 9 de marzo, la tercera Sala Penal del Guayas falló a favor de los extrabajadores y pasó el caso a cargo del Juzgado XII de lo Civil del Guayas para su ejecución.
Ya para el 12 de abril, los exempleados presentaron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, mientras el 21 venció el plazo para el pago.
En marzo, se determinó que la compañía debía pagar $90,9 millones, más intereses.
Pero, el proceso se ha dilatado. Hoy, Alfonso Luz será el juez encargado de la resolución del recurso extraordinario de protección que interpuso Cervecería en la Corte Constitucional (CC), con la intención de dejar sin efecto la sentencia que dictaminó el pago.
Los industriales pidieron ser escuchados en el juicio laboral que enfrenta la Cervecería Nacional (CN) por una demanda interpuesta por extrabajadores de la empresa, por la que fue sancionada a pagar más de $90 millones.El caso se encuentra ahora en la Corte Constitucional donde la empresa presentó un recurso de protección. Y fue precisamente en esa instancia, donde los industriales presentaron el denominado amicus curiae, una figura que les permitiría exponer sus puntos de vista sobre el caso.
Así lo anunció ayer el presidente de Cámara de Industriales de Guayaquil (CIG), Henry Kronfle, a nombre de 300 empresas socias.
El pedido se suma a la serie de respaldos que ha recibido la Cervecería en el caso por parte del sector productivo del país, así como de los equipos de fútbol de primera división que son auspiciados por la empresa.
Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de los industriales de Guayaquil, dijo que hicieron el pedido a la Corte porque la demanda contra la Cervecería podría sentar un precedente que podría afectar a otras empresas y, por ende, se pondría en riesgo miles de empleos.
"Un juicio laboral, como el que enfrenta la CN, resultaría insostenible económicamente para cualquier empresa", dijo.
En el país, además del caso de la CN existirían otras 12 empresas que estarían a las puertas de enfrentar reclamos similares, entre esas Coca-Cola, Holcim, Porta (Claro) y otras.
El asesor jurídico del gremio, Marcelo Bodero, recordó que en ese juicio ya no están en juego solo los $90 millones iniciales que solicitaron los extrabajadores hace tres años, y que un juez ordenó pagar a la empresa, por las supuestas utilidades impagas.
Esa cifra ascendería a $300 millones, si se toma en cuenta las multas y daños inmateriales tanto de los 1 000 exempleados como el de sus familiares, según Bodero, porque adicional a la demanda se deberían sumar los intereses por casi 21 años, es decir, tomando como base los $90 millones que el juez ordenó pagar a la empresa.
Aparte de eso, solo por multas, en el caso de la Cervecería, la empresa pagaría $180 milllones. Ello debido a que el juez duodécimo de lo Civil de Guayaquil, Pedro Iriarte, en una providencia emitida el 3 de mayo último, dijo que la CN debía pagar, por incumplir el pago, el doble de la demanda planteada por los extrabajadores. Y finalmente estarían los daños inmateriales, los cuales serían incuantificables y estarían relacionados con afectaciones que los reclamantes pudieron haber tenido por el no pago de utilidades.
"Es decir, que si un trabajador pensó en recibir utilidades y adquirir un taxi en el año 1993, el daño inmaterial pudiera ser lo que el taxista dejó de ganar", dijo el abogado de los industriales.
La cancelación de este rubro, según la defensa de la CN, no fue demandada por los exempleados pero fue incluida en el juicio.
"Es decir, que son $90 millones más $180 millones igual a $ 270 millones de dólares, más los intereses no cuantificados, más daños inmateriales", dijo Bodero.
Los industriales aseguraron ayer que a su reclamo se han adherido otros gremios de Pichincha, Azuay, Chimborazo y la Cámara de Comercio de Guayaquil con sus casi 14 mil socios.
"Y ahora lo harán todas las Cámaras", dijo Alberto Salvador, del gremio de industriales. (NMCH)
Tres años amargos para la Cervecería
Si bien todo el proceso legal comenzó a ser público cuando la Cervecería Nacional, subsidiaria de SABMiller, dejó de producir alrededor de dos días sus marcas Pílsener y Club, en diciembre del 2010, todo arrancó en octubre de 2008.
Fue en esa año cuando cerca de un centenar, que luego resultaron 300 a nombre de 1 000 extrabajadores de la Cervecería Nacional, interpusieron la demanda contra la firma.
El reclamo estaba relacionado con el pago de utilidades entre los años 1990-2005, es decir tres años después de haber sido despedidos.
En agosto del 2009, los ex empleados consiguieron la evaluación del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la presunta deuda y se determinó un monto total de $90,9 millones.
Y en julio del 2010, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, se excusó y señaló no tener competencia para resolver el caso.
Pero, cinco meses más tarde, el juzgado Noveno Temporal de la Niñez y Adolescencia del Guayas, emitió la orden del cierre de operaciones y comercialización de las marcas Pílsener y Club Verde.
La producción se paralizó por cinco días, justo cuando la empresa de la bebida de moderación se preparaba para festividades de fin de año.
La paralización de operaciones significó para la compañía la pérdida diaria de $3 millones.
El caso tomó otro giro cuando en este año, el 4 de febrero, el asambleísta Galo Lara denunció un supuesto soborno de la Cervecería por $ 1,5 millones en la Corte Constitucional para dejar sin efecto el caso.
El 7 de febrero, la denuncia obligó a la Corte a trasladar el proceso hacia la Corte del Guayas.
El 9 de marzo, la tercera Sala Penal del Guayas falló a favor de los extrabajadores y pasó el caso a cargo del Juzgado XII de lo Civil del Guayas para su ejecución.
Ya para el 12 de abril, los exempleados presentaron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, mientras el 21 venció el plazo para el pago.
En marzo, se determinó que la compañía debía pagar $90,9 millones, más intereses.
Pero, el proceso se ha dilatado. Hoy, Alfonso Luz será el juez encargado de la resolución del recurso extraordinario de protección que interpuso Cervecería en la Corte Constitucional (CC), con la intención de dejar sin efecto la sentencia que dictaminó el pago.
Negado pedido de excusa en el caso Cervecería (tomado de eluniverso.com)
Miércoles 18 de mayo del 2011Economía
QUITO
Extrabajadores de la Cervecería, en un plantón en febrero.
El pedido de los extrabajadores de Cervecería Nacional de que el presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, se excuse de conocer la acción extraordinaria de protección presentada esa empresa bajo el argumento de que ya conoció la causa, fue declarado improcedente.
Esto, según el informe que presentó ayer la Secretaría Técnica Jurisdiccional argumentando que es una facultad privativa de los jueces. Así lo informó la Dirección de Comunicación de la CC.
A pesar de que no se pudo acceder al documento, se informó que el argumento es que la facultad de excusarse es privativa de los jueces constitucionales.
Sin embargo, el representante legal de los extrabajadores, Viterbo Zevallos, señala que se debió aplicar la excusa. “Es por lógica, es el principio más elemental del derecho, todo juez recusado debe excusarse”, argumentó.
Pazmiño es uno de los tres integrantes de la sala de admisión de la Corte Constitucional y, el pedido de excusa se presentó antes del sorteo de la acción extraordinaria, aduciendo que ya conoció la causa.
El magistrado Alfonso Luz Yúnez es el encargado de analizar la admisibilidad o no de la acción presentada por la CN. Esta se dio tras el plazo fijado por el juez duodécimo de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte, para que la Cervecería cancele $ 90,9 millones que venció el pasado jueves 5 de mayo.
En Guayaquil, la Cámara de Industrias organizó un conversatorio sobre la base legal del caso de la Cervecería.
La inseguridad jurídica que deja el caso Cervecería, perjudicaría a las empresas al crear precedentes en la manipulación de la ley, según Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de ese gremio.
Salvador asegura que durante este proceso se irrespetaron temas como el tiempo en que prescribe la oportunidad de hacer demandas por parte de los trabajadores (tres años después de salir de la compañía) y que los juicios laborales deben ser realizados de forma individual
Esto, según el informe que presentó ayer la Secretaría Técnica Jurisdiccional argumentando que es una facultad privativa de los jueces. Así lo informó la Dirección de Comunicación de la CC.
A pesar de que no se pudo acceder al documento, se informó que el argumento es que la facultad de excusarse es privativa de los jueces constitucionales.
Sin embargo, el representante legal de los extrabajadores, Viterbo Zevallos, señala que se debió aplicar la excusa. “Es por lógica, es el principio más elemental del derecho, todo juez recusado debe excusarse”, argumentó.
Pazmiño es uno de los tres integrantes de la sala de admisión de la Corte Constitucional y, el pedido de excusa se presentó antes del sorteo de la acción extraordinaria, aduciendo que ya conoció la causa.
El magistrado Alfonso Luz Yúnez es el encargado de analizar la admisibilidad o no de la acción presentada por la CN. Esta se dio tras el plazo fijado por el juez duodécimo de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte, para que la Cervecería cancele $ 90,9 millones que venció el pasado jueves 5 de mayo.
En Guayaquil, la Cámara de Industrias organizó un conversatorio sobre la base legal del caso de la Cervecería.
La inseguridad jurídica que deja el caso Cervecería, perjudicaría a las empresas al crear precedentes en la manipulación de la ley, según Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de ese gremio.
Salvador asegura que durante este proceso se irrespetaron temas como el tiempo en que prescribe la oportunidad de hacer demandas por parte de los trabajadores (tres años después de salir de la compañía) y que los juicios laborales deben ser realizados de forma individual
lunes, 16 de mayo de 2011
En la Asamblea se prepara actualización de leyes laborales (tomado de burodeanalisis.com)
Representantes de la clase trabajadora aseguran que la eliminación de la tercerización es uno de los grandes avances en la legislación laboral, pero otros consideran que se han pulverizado derechos fundamentales. En el Legislativo se prepara un nuevo Código de Trabajo y otra Ley de Seguridad Social. Una de las propuestas proviene del Ejecutivo que ya ha hecho consultas a la OIT, según los trabajadores.
Según la presidenta de la Comisión de los derechos de los trabajadores, Nívea Vélez, hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta de ley que reforme de manera estructural la legislación en materia laboral en el país. Por ello, dice, se encuentra redactando un nuevo Código de Trabajo y una Ley de Seguridad Social que vayan de acuerdo con la Constitución garantista del 2008.
“No estamos trabajando por una mejor legislación laboral, sino defendiéndonos de los que quieren cambiarla para mal”
El asesor jurídico de la Cámara de Industrias, Marcelo Bodero, en entrevista con www.burodeanalisis.com, asegura que hasta ahora la única reforma que conocen respecto al Código de Trabajo es la que pretende declarar imprescriptibles los derechos laborales.
Comisión laboral, con múltiples quejas de extrabajadores
A más de crear nuevas reformas laborales a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, le ha tocado recibir un gran número de delegaciones de extrabajadores que buscan respaldo en sus demandas laborales. Esto le ha significado incluso, críticas de parte de sectores empresariales que han acusado a la Asamblea de inmiscuirse en conflictos laborales.
Menos barreras para las personas con discapacidad, nuevas propuestas desde el Legislativo
Ante la Asamblea se han presentado dos proyectos de ley que promueven la no discriminación -o de acción afirmativa-, a favor de las personas con discapacidades o de cualquier otra índole. El último proyecto presentado ante el Consejo de Administración Legislativo (CAL), el 14 de enero pasado, proviene del asambleísta Henry Cuji. El legislador, propone cambiar los requisitos de los procesos de selección de personal para evitar la discriminación.
Según la presidenta de la Comisión de los derechos de los trabajadores, Nívea Vélez, hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta de ley que reforme de manera estructural la legislación en materia laboral en el país. Por ello, dice, se encuentra redactando un nuevo Código de Trabajo y una Ley de Seguridad Social que vayan de acuerdo con la Constitución garantista del 2008.
“No estamos trabajando por una mejor legislación laboral, sino defendiéndonos de los que quieren cambiarla para mal”
El asesor jurídico de la Cámara de Industrias, Marcelo Bodero, en entrevista con www.burodeanalisis.com, asegura que hasta ahora la única reforma que conocen respecto al Código de Trabajo es la que pretende declarar imprescriptibles los derechos laborales.
Comisión laboral, con múltiples quejas de extrabajadores
A más de crear nuevas reformas laborales a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, le ha tocado recibir un gran número de delegaciones de extrabajadores que buscan respaldo en sus demandas laborales. Esto le ha significado incluso, críticas de parte de sectores empresariales que han acusado a la Asamblea de inmiscuirse en conflictos laborales.
Menos barreras para las personas con discapacidad, nuevas propuestas desde el Legislativo
Ante la Asamblea se han presentado dos proyectos de ley que promueven la no discriminación -o de acción afirmativa-, a favor de las personas con discapacidades o de cualquier otra índole. El último proyecto presentado ante el Consejo de Administración Legislativo (CAL), el 14 de enero pasado, proviene del asambleísta Henry Cuji. El legislador, propone cambiar los requisitos de los procesos de selección de personal para evitar la discriminación.
Entrevista al Dr. Marcelo Bodero, asesor jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil (tomado de burodeanalisis.com)
“No estamos trabajando por una mejor legislación laboral, sino defendiéndonos de los que quieren cambiarla para mal”
Marcelo Bodero, asesor jurídico de CIG.
El asesor jurídico de la Cámara de Industrias, Marcelo Bodero, en entrevista con www.burodeanalisis.com, asegura que hasta ahora la única reforma que conocen respecto al Código de Trabajo es la que pretende declarar imprescriptibles los derechos laborales.
El abogado piensa que lo normado hasta el momento ha provocado un retroceso en las políticas laborales, más que un avance; pero cree necesario que se inicie un diálogo entre empleados y empleadores para poder realizar una legislación con consenso que beneficie a todo el país.
¿Cuáles han sido los cambios sustanciales en la legislación laboral en los últimos años?
En términos generales, es más un retroceso que un avance. Desde el marco constitucional aprobado, que es más garantista del que ya existía en la Constitución de 1998. Por otro lado existe una serie de preceptos que incluso yo diría son un poco ambiguos o contradictorios en sí mismos. Por ejemplo, la iniciativa privada en el marco constitucional queda relegada como un factor primordial para el desarrollo del país.
En algunos aspectos sobre todo, por ejemplo, en los sectores estratégicos la Constitución relega la posibilidad de que los sectores privados puedan, salvo excepción, invertir por lo tanto desarrollar actividades productivas en aquellos sectores. Entonces sin duda es un retroceso.
En lo laboral ¿Cuál ha sido la mayor afectación en el sector empresarial?
Bueno, sin duda empezamos con los mandatos aquellos que nos negaron la intermediación laboral, la tercerización de los servicios complementarios, también el trabajo por horas. Es curioso por cierto que el Ejecutivo se haya dado cuenta de que aquello fue un error al punto que en el Código de la Producción, se establece un nuevo mecanismo que hace permisible cierto tipo de contratación que de alguna forma trata de asemejar de aquellas que fueron abolidas.
¿Cuál ha sido entonces la repercusión?
Por supuesto las empresas tratan de evitar el riesgo laboral y sobre todo el termino riesgo porque el día de hoy, en que se dan una serie de acciones inconstitucionales, se pretenden reclamar por parte de extrabajadores derechos que no le asisten, porque muchos de ellos están prescritos.
Ante estas pretensiones multimillonarias de parte de extrabajadores, los empresarios pues retroceden, ellos tienen temor que esas mismas acciones en algún momento les lleguen a afectar. El caso Cervecería es paradigmático.
¿Entonces lo que hay es un vacío legal?
Se debe analizar más a fondo los hechos. Las acciones en materia laboral tienen tres años para hacerse ejercitar, pasados los cuales esta clase de derechos (laborales), no pueden ser accionados, no pueden ser reclamados. Estamos hablando de casos como Ecapag, como Autoridad Portuaria, el ingenio Aztra; le estoy mencionando una entidad pública y una empresa pública.
Las acciones por las que se quieren reclamar (los extrabajadores), estos supuestos derechos son las mismas, todas prescritas. Incluso una de ellas ya pasada por autoridades y juzgados que es un tema diferente al tema de la prescripción, otras sencillamente absolutamente absurdas.
¿Esto se da por la utilización de las acciones de protección?
No. El problema no es de la Constitución. El problema acá es el abuso por parte de los accionantes, pero más grave aún, es la posición de los jueces que obviamente, no todos los jueces, algunos abusan de ese derecho que deben de aplicar y sencillamente tratan de esta forma de favorecer a una parte. ¿Con qué intereses? no se lo puede decir. Es algo bastante oscuro por decirlo menos.
¿Ustedes se han reunido para presentar propuestas de reformas al Código Laboral?
Hemos hecho llegar cartas a la Asamblea Nacional, al Señor Presidente, así como a la Ministra Nathalie Cely, que es la ministra Coordinadora de la Producción, para que seamos escuchados respecto a estos proyectos de reforma normativa. Porque son asuntos que conciernen a la empresa y a la industria por presupuesto.
¿Han escuchado sus planteamientos?
Desafortunadamente, lo último que está debatiendo en la Asamblea es una reforma planteada por un asambleísta, si mal no recuerdo de Sociedad Patriótica. Ese proyecto de reforma se refiere justamente a los que estamos hablando en dar la prescripción de las acciones.
Aquí no estamos trabajando para crear un Código nuevo, moderno, acorde con las disposiciones, con la técnica universal. Se puede decir casi en derecho legal, que aquí estamos trabajando contra corriente, aquí a alguien se le ocurre estas “novedades” que son una locura, que existen en los países dictatoriales, donde nada prescribe, donde no existe cosa juzgada, situaciones de excepción. Pero en los países del orden las acciones prescriben, de todo tipo, salvo unas muy reducidas en casos como delitos de genocidio.
¿Es cómo que se ha dividido la opinión pública entre dos bandos, los empleados y los empleadores? ¿No sería mejor llegar a consensos?
No hay dos bandos. El hecho que exista un grupo de abusivos y quieren esquilmar empresas no significa que todos los trabajadores del Ecuador sean abusivos. El hecho a su vez, de que haya existido empresarios hayan abusados de determinada forma de contratación o que no haya cumplido con su derecho, no significa que todos los empleadores sean de esa naturaleza.
Lo que sí, y asiento con usted es debiera ese gran grupo de trabajadores y empleadores, que son gente que quiere el bien para el país, unirse y plantear ellos reformas positivas a la legislación laboral y de otra índole también.
La Asamblea en días pasados, emitió un exhorto a la Corte Constitucional sobre el caso Aztra…
El tema es más grave, no es un exhorto a que intervenga, la Asamblea Nacional, el pleno, decidió que la Comisión de lo Laboral se presentara como tercer interesado en un amicus curiae. Imagínese todo el peso que implica que uno de las funciones del Estado, se presente para inclinar en sí la balanza, para intimar la causa a favor de los extrabajadores de un ingenio, en este caso concreto el ingenio Aztra, actual Ecudos, empresa que por cierto del Estado.
¿Fue presentado ese Amicus Curiae?
No conozco si fue presentado, pero lo cierto es que es una resolución de la Asamblea, exhortando prácticamente a la Corte a que falle a favor de los trabajadores de Aztra, en perjuicio del propio Estado.
¿Cuál es el futuro de la Legislación Laboral en el país?
Si permiten que estas vías continúen, Ecapag, APG, Petroamazonas, todas las empresas del país, todas, van a tener un pasivo laboral incalculable y por lo tanto se convierte en empresas fallidas inviables.
jueves, 12 de mayo de 2011
Plantón de trabajadores de la CN se realizó en Quito (martes 11 de mayo)
foto: John Guevara
La mañana de ayer se llenó de colorido el parque El Arbolito, ubicado frente al edificio de la Corte Constitucional (CC), debido a la concentración realizada por los trabajadores de la Cervecería Nacional (CN).
Bajo el ya conocido lema de “Chuta Aguanta”, los obreros se juntaron para pedir que no se ejecute la sentencia que obliga a la compañía a cancelar utilidades a un grupo de ex trabajadores.
Así, más de 4.000 personas, entre los actuales trabajadores de la CN y público en general se reunieron en el parque para celebrar su día número 55 “de resistencia”, ante la exigencia del pago emitida por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial del Guayas.
Gonzalo Balladares, procurador de los actuales empleados, señaló que “esta injusta medida se puede extender hacia otras empresas del país, lo que puede perjudicar la estabilidad de los trabajadores, con esto se afectaría a otras familias”.
El abogado explicó que la sentencia afectará a más de 600.000 ecuatorianos, divididos en 1.700 empleados, 70 distribuidores, 130.000 puntos de ventas y miles de familias que dependen de la empresa, especialmente en la comercialización de sus productos.
Mientras tanto, los demandantes que exigen el pago de más de 90 millones de dólares hasta la semana pasada se mantuvieron en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia en Guayaquil, para que se hiciera efectivo el pago que fue ordenado por las autoridades.
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miércoles, 11 de mayo de 2011
Perversa e inicua por Luis Sarrazín (tomado del diario Expreso)
Luis E. Sarrazin Dávila
El caminante
Perversa e inicua
Ante la conveniencia de instalar una industria metal-mecánica en el Ecuador, respondí ¡no! porque no existe la seguridad jurídica que permita trabajar con paz y tranquilidad; basta revisar el conflicto de la Cervecería para comprobar las ilegalidades espectaculares que contiene, convirtiéndolo en un mamotreto que ha originado una sentencia perversa e inicua.
El Código del Trabajo es viejo y rígido. Las empresas carecen además de lineamientos jurídicos de carácter permanente para planificar sus actividades; por otra parte, al margen del abuso y arbitrariedad, pretende el accionante y el ministro, ordenarle el pago de utilidades, sin haber invitado a la Cervecería a participar en el debate jurídico para defenderse.
En un Guinness legal, este caso marcaría un récord absoluto, al haber recibido un trato ominoso y detestable, gracias a la amputación del sagrado principio de la no retroactividad ante la ley. Los demandantes protervamente aconsejados y guiados por un accionante que sin base alguna ha sido considerado como “Procurador Común” que nunca reclamó intereses y peor aun daño inmaterial, interpusieron una acción de protección, pisoteando la Constitución, al existir una prohibición legal, que hace que esta no proceda y poniendo en evidencia que la sentencia contiene un desborde total de lo que fue la litis.
La imprescriptibilidad como recurso en este caso, jamás ha existido ni existirá, toda vez que lo único que no prescribe es el genocidio, los delitos de lesa humanidad, el ataque a los Estados y situaciones de guerra y en esta acción jurídica de marras, se reconocen además, supuestos derechos carentes de reclamación por más de dos décadas, atentándose contra la seguridad jurídica, al modificarse reiterada e infundadamente las propias resoluciones y consolidando el gravísimo precedente de que la prescripción puede ser burlada bajo una simple acción de protección.
Este episodio, consagra y sacramenta como modalidad el asalto exprés empresarial, que deja indefensos a comerciantes y empresarios que trabajan por el bienestar del país.
¿Existirá alguien con ejecutorias, versación legal, capacidad y poder suficiente para poner un alto a este acto de piratería jurídica con el que se pretende aplastar la crema y nata de la institucionalidad y de la seguridad jurídica del Ecuador? ¡A cerrar la Cervecería como medida final pero sobre todas las cosas, jamás pagar!
Y sigo andando…
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